No fue mera coincidencia que la reunión del G-20 en Los Cabos ocurriera justo antes de la cumbre de Río+20 de las Naciones Unidas. Aunque en una primera mirada ambas parecían tratar de temas muy distintos, un análisis detenido revela lo que estaba en juego en las dos: el modelo de desarrollo que los gobiernos, capturados por los intereses de las corporaciones, están promoviendo como falsa solución para las crisis económico-financiera, social y ecológica.
Para comprender los antecedentes, es necesario observar que en las tres décadas recientes el proceso de financiarización de la economía se profundizó globalmente. La financiarización quiere decir que la renta obtenida al comercializarse dinero, sus derivados y riesgos asociados se vuelve significativamente mayor que la obtenida con el comercio de riqueza tangible, en la forma de bienes y servicios.
Este proceso produjo un nivel absurdo de especulación financiera que ha causado el tipo de burbujas que reventaron en el colapso financiero de 2008, y ha aumentado exponencialmente el tamaño de los mercados financieros frente a la economía de bienes y servicios.
La especulación con los precios de los alimentos –con efectos nefastos sobre la seguridad alimentaria de los pueblos– ha ocurrido porque luego del colapso del mercado inmobiliario estadounidense, muchos inversionistas redireccionaron su atención a las commodities, entre ellas los granos.
No satisfechos con esto, los inversionistas siguen buscando nuevas fronteras de acumulación. Y sus intereses están siendo defendidos por los gobiernos del G-20. Esto fue muy evidente cuando promovieron el paradigma del “crecimiento verde” en Los Cabos o de la seconomía verdee en la cumbre de Rio+20. Los nombres pueden ser ligeramente distintos, pero el contenido político es similar: buscan maneras de privatizar los bienes comunes de la naturaleza en nuevos contratos de commodities con el argumento de que las personas no preservarán lo que no les cueste económicamente depredar.
En principio, todos estamos a favor de una economía “verde”. El problema es lo que se comprende por esto. Para los gobiernos del G-20, no implica cuestionar los patrones de producción y consumo insostenibles de las clases más privilegiadas del mundo. Tampoco considera mecanismos de distribución de la riqueza –que sigue altamente concentrada, generando agotamiento y mala repartición de los recursos limitados del planeta. Además, poco se está haciendo para detener los movimientos especulativos del mercado financiero que sigue ampliamente desregulado, a pesar de la experiencia reciente de crisis.
El paradigma de la economía verde tiene sus bases en los estudios de la iniciativa TEEB (la economía de los ecosistemas y la biodiversidad), liderada por un economista indio del mercado financiero, Pavan Sukhdev, el mismo que escribió el documento de referencia sobre la Eeconomía verdee del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Así, además de las burbujas financieras, lafinanciarización tiene varios impactos que los pueblos están enfrentando en los territorios: la privatización de riquezas naturales que antes eran de uso colectivo: los bosques, el aire que respiramos y el agua de los ríos son algunos ejemplos, y toda la biodiversidad del planeta es vulnerable de ser privatizada bajo esta estrategia de la alianza entre gobiernos y mercados financieros.Según las premisas de TEEB, es necesario dar valor monetario a los servicios ecosistémicos que la naturaleza ofrece para los seres humanos y que no se comercializan hoy o no se comercializaban hasta hace poco. Por ejemplo, se puso precio a la captura del exceso de carbono en la atmósfera, para que las industrias que contaminan puedan seguir haciéndolo, sólo a cambio de pagos a los protectores de los bosques –comunidades indígenas, por ejemplo–. Se ha creado así un mercado de carbono para la especulación de los inversionistas. Diversos otros mercados similares de Spagos por servicios ambientalesp serán creados bajo estas iniciativas.
Este proceso de privatización propiciará que el acceso a ciertos recursos se vuelva más caro, lo que afectará especialmente a las familias más pobres y a los hogares con jefatura femenina. También generará más disputas por territorios y más inseguridad a los pueblos. Además, el ingreso de dinero en sociedades indígenas que no tiene relaciones monetarizadas, como es el caso de algunas en la Amazonía sudamericana, será un elemento considerable de conflicto social.
Así, el modelo de desarrollo promovido en ambas cumbres –G-20 y Río+20– lejos de dar respuestas a las múltiples crisis económica-financiera, social y ecológica, está promoviendo falsas soluciones de mercado que sólo profundizan la insostenibilidad del actual modelo. Extremamente distante de este paradigma, las cumbres de los Pueblos de Río+20 y frente al G-20 plantearon cambios profundos de modelo que signifiquen justicia social y ambiental y la defensa de los bienes comunes.
Disponível no site: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/21/cam-esperanza.html