En la actualidad, según el Foro Económico Mundial, cinco empresas transnacionales de alta tecnología con base en Estados Unidos se ubican dentro de las siete empresas más grandes del mundo en lo que hace al dominio de: la información (Google, con el puesto nro. 2), los medios de comunicación (Facebook con el puesto nro. 7), el comercio minorista en Internet (Amazon, con el puesto nro. 6) y la tecnología (Apple, con el puesto nro.1 y Microsoft, con el puesto nro. 3).
Una de las mejores inversiones que cualquiera de estas empresas puede hacer es cambiar las reglas bajo las cuales opera para que poder extraer mayores beneficios de la economía global, mientras evita que sus competidores tengan igualdad de condiciones. Para ello, utilizado por mucho tiempo los acuerdos comerciales, de manera de fijar reglas en favor de sus "derechos" a obtener beneficios, limitando al mismo tiempo la capacidad de los gobiernos para regularlos en función del interés público, a menudo de formas que no pueden avanzar a través de los canales democráticos normales.
Muchos han oído hablar del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), un acuerdo comercial negociado por la administración Obama que fue firmado en 2016, pero que nunca tuvo suficiente apoyo del Congreso para ser sometido a votación. El TPP fue el primer acuerdo de "comercio" que incluyó extensas reglas vinculantes, llamadas las del siglo XXI, para un paquete de cuestiones digitales, agrupadas bajo el título de "comercio electrónico".
Si bien con esta etiqueta se evoca una manera de promover la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para aumentar las ventas en línea, en realidad estaría restringiendo el derecho de los países a regular áreas como: la privacidad y la protección de los consumidores, las transferencias transfronterizas de datos, la neutralidad de la red y otras cuestiones como gobernanza de Internet y propiedad intelectual, entre otras.
La estadounidense Deborah James en un seminário.
Desde distintos foros, como el Foro de Gobernanza de Internet o la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, las empresas, los gobiernos, los ingenieros y los expertos de la sociedad civil han trabajado por largo tiempo en temas de Internet en un formato de intereses múltiples. Desde allí se analizó cómo el TPP representaba en estas áreas un avance del interés corporativo por sobre la democracia y la buena gobernanza. No es de extrañar que fuera criticado por grupos como la Open Digital Trade Network.
Trump abandonó el cadáver ardiente del TPP, pero casi idénticas estrategias habían sido previamente reveladas en el Acuerdo de Comercio de Servicios (TiSA). El TiSA tiene como objetivo bloquear la desregulación y la privatización diseñadas por grandes corporaciones tecnológicas, financieras, logísticas y minoristas para los 50 países participantes. El mayor obstáculo que impidió a los negociadores llegar a un acuerdo sobre el TiSA durante la vigésima segunda ronda de negociaciones, en diciembre de 2016, fue una lucha importante entre la UE y Estados Unidos por la privacidad de los datos, así como el deseo de las corporaciones de nuevos "derechos" y de aprovechar su uso sin restricciones (la UE tiene un fuerte sistema de derechos sobre privacidad y protección de datos, mientras que la política oficial de Estados Unidos favorece los deseos de Google, Amazon y otras corporaciones por encima de las protecciones a los consumidores).
Desafortunadamente, Trump no ha abandonado el TiSA. En realidad parece estar a punto de reactivar el acuerdo pronto. Esto no debería sorprender a nadie que haya notado la toma de posesión gradual de la administración por el ala de Goldman Sachs. He escrito extensamente sobre el TiSA y por qué es una amenaza para los empleos y la base lectoral de Trump.
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, también ha argumentado que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) debería incluir una actualización con las reglas de comercio electrónico del TPP. Trump mismo ha mencionado el deseo de "derribar las barreras al comercio" para las gigantescas empresas de tecnología que cada vez más le están endulzando el oído.
Como resultado, las corporaciones que promueven las reglas de comercio electrónico actúan como un foro de compras, y han llevando su lista de deseos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha publicado directrices de política sobre una variedad de temas relacionados. También han llegado al G20, que acaba de publicar su Declaración Ministerial de Economía Digital.
Sin embargo, los acuerdos entre los miembros de estas instituciones no son vinculantes para los gobiernos. Para obtener reglas de comercio electrónico ejecutables, las corporaciones están yendo a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Desde julio de 2016, el comercio electrónico ha sido la principal cuestión empujada por los países desarrollados en las negociaciones de la OMC. Si las discusiones conducen a un mandato para las negociaciones, las nuevas reglas someterían a ciudadanos de los 164 países miembros de la OMC, con sus implicancias de largo alcance que alterarán el mundo, quebrantarán el trabajo, y complicarán toda previsión de desarrollo.
Desde su creación en 1995 los países en desarrollo, que constituyen la gran mayoría de los miembros de la OMC, exigieron una serie de cambios a las normas de la OMC ya que se daban cuenta de que las normas existentes de la allí eran antitéticas para su desarrollo. Una serie de 100 propuestas (en su mayor parte para eliminar las normas de la OMC que limitan el uso de las estrategias de desarrollo) fueron incluidas en la Ronda de Doha (que fue entonces denominada Programa de Doha para el Desarrollo en un esfuerzo por convencer a los países en desarrollo de que esta ronda de negociaciones se centraría en ayudarles a utilizar el comercio para el desarrollo).
Los cuestiones más urgentes que necesitan modificarse son las referidas a reglas para la agricultura, que permiten a los países ricos subvencionar a los productores y exportar productos subsidiados en detrimento de los agricultores de los países en desarrollo, que no están autorizados a recibir subsidios gubernamentales ni siquiera para la producción nacional.
Desafortunadamente, desde entonces las propuestas de los países en desarrollo rara vez han sido discutidas, mientras que los países ricos han impuesto una agenda diferente de mayor liberalización, más derechos corporativos y limitando las oportunidades de utilizar la políticas que usan los países ricos a los países en desarrollo.
Los países industrializados enfrentan hoy una crisis debido a los impactos negativos de 20 años de acuerdos comerciales que matan vidas. Sin embargo, sus negociadores comerciales avanzan para arraigar un conjunto de reglas que van mucho más allá de las ventas al por menor en línea, y que deben ser entendidas como un esfuerzo para dar forma a toda la economía digitalizada del futuro en beneficio de las corporaciones.
Cerca de una docena de propuestas han circulado en la OMC, muchas con disposiciones superpuestas, diseñadas en torno a una economía mundial sin fronteras y digitalizada, en la que grandes empresas financieras, tecnológicas, logísticas y otras pueden trasladar mano de obra, capital, insumos y datos a través del tiempo y el espacio sin restricciones, abriendo nuevos mercados, limitando al mismo tiempo las obligaciones de las empresas para garantizar que los trabajadores, las comunidades o los países se beneficien de sus actividades.
Los defensores disfrazan sus propuestas en el caballo de troya de ser necesario "desencadenar el desarrollo a través del poder de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que utilizan el comercio electrónico". Por supuesto, el comercio electrónico puede ser una fuerza para la creación de empleo y desarrollo, y ciertamente tiene el poder de expandir la innovación, aumentar la elección del consumidor, conectar productores remotos y consumidores, e incrementar la conexión global.
Pero esto no es lo mismo que tener reglas globales vinculantes escritas por Google para su beneficio.
Hace poco asistí a un foro sobre comercio electrónico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que contó con la presencia de representantes corporativos disfrazados de expertos en desarrollo. El comercio electrónico -como conseguir a más ciudadanos en línea o facilitar a las mujeres rurales de Bangladesh que venden productos caseros directamente a los consumidores del Reino Unido- se consideraba como una bala de plata para resolver todos los desafíos de desarrollo bajo el sol.
En la OMC, las cuestiones sobre el comercio electrónico apuntan a permitir a las empresas tecnológicas trasnacionales un acceso sin restricciones a los mercados nacionales de acuerdo con sus propias normas. Pero las PYMES son las que menos probabilidades tienen de competir con las grandes empresas transnacionales, que disfrutan de los beneficios de la escala, los subsidios históricos, los avances tecnológicos, la fuerte infraestructura patrocinada por el Estado y un sistema de normas comerciales escrito por sus abogados. El comercio electrónico en la OMC es un cebo para este cambio.
Para los que están preocupados por el empleo, el trabajo decente, el medio ambiente, el desarrollo, la desigualdad y el interés público, aquí hay 12 razones para oponerse a nuevas negociaciones sobre las reglas del "comercio electrónico" en la OMC.
Las 12 razones para decir NO al e-commerce
1. Las conversaciones sobre el comercio electrónico están dejando de lado una agenda de desarrollo que podría reducir drásticamente la pobreza. Millones de personas empobrecidas, incluidos los agricultores, podrían ver sus vidas mejoradas si se introdujeran cambios en las normas existentes sobre la agricultura en la OMC. La red mundial Our World Is Not for Sale (OWINFS) ha promovido desde hace tiempo una agenda de cambio (respaldada por cientos de grupos de la sociedad civil) a través de una gama de demandas similares. Pero esta agenda ha recibido escasa atención mientras todos los ojos se centran en el comercio electrónico "en la OMC este año. De hecho, es probable que los países desarrollados requieran iniciar "negociaciones de comercio electrónico como" pago "para que los países desarrollados acuerden cumplir las promesas que no han cumplido desde 2001 – cuando se lanzó la llamada Ronda de Desarrollo.
2. Las propuestas de comercio electrónico son reglas prematuras. Las compañías estadounidenses buscan reescribir el reglamento global para bloquear su dominio actual en el campo. A pesar de la supremacía casi total en alta tecnología, quieren socavar el resurgimiento de China como un actor global, ya que invierte miles de millones para desarrollar sectores de alta tecnología bajo su plan "Made in China 2025". Las corporaciones estadounidenses también buscan bloquear a otros futuros competidores potenciales. Por lo tanto, todos los 164 miembros de la OMC están siendo empujados a negociar sobre cuestiones antes de que la mayoría de ellos tengan mucha comprensión de las posibles consecuencias.
En general, los países en desarrollo carecen de experiencia con muchas de las tecnologías objeto de debate, por lo que no saben cuál es la "mejor práctica" en relación con una amplia gama de actividades. Incluso el "Informe sobre el Desarrollo Mundial 2016: Dividendos Digitales" [2] del Banco Mundial señaló que los beneficios para el desarrollo de las tecnologías digitales se han quedado atrás de su rápida expansión y que pocos países en desarrollo cuentan con el acceso de banda ancha requerido y otras infraestructuras.
Informes recientes de la UNCTAD muestran que la mayoría de los países en desarrollo no tienen una estructura jurídica adecuada en relación con el comercio digital, la gobernanza de Internet o la ciberseguridad. Incluso las normas de Estados Unidos y de la UE sobre muchas de estas cuestiones aún no han madurado. Los beneficios de la digitalización podrían ser inmensos para todos, pero no si las reglas se inclinan en favor de los poderosos. Es por eso que el Grupo Africano de la OMC se opuso a establecer un mandato sobre las reglas del comercio electrónico [3] en octubre. Es una locura, desde el punto de vista del desarrollo, crear tratados jurídicos internacionales vinculantes y sancionables en áreas emergentes e increíblemente dinámicas de la economía de transformación tecnológica.
3. Las propuestas de "comercio electrónico" diezmarían los puestos de trabajo. Las tecnologías que impulsan la "cuarta revolución industrial" pretenden interrumpir los mercados de trabajo, ya que la flexibilidad es clave para la "innovación". Los empleos bien remunerados con beneficios se están sustituyendo por mano de obra informal carente de protección social o estabilidad. Las empresas están transfiriendo el riesgo de mercado al contratista individual o "trabajador independiente", que no sólo paga menos, sino que carece de beneficios laborales como licencia por enfermedad, seguro de salud y contribuciones al retiro, sin mencionar la estabilidad laboral. A menudo, como en el caso de Uber, los esfuerzos de la compañía para establecer el dominio del mercado están en desventaja directa con la capacidad de los trabajadores para aumentar su salario. Y mientras que el peligro a los trabajos de los robots es exagerado, muchos trabajos serán substituidos por automatización.
Un informe de desarrollo del Banco Mundial de 2016 calcula que un 47 por ciento de los empleos en Estados Unidos corren el riesgo de ser automatizados, el 65 por ciento de los empleos en Argentina, el 77 por ciento de los empleos en China y un 85 por ciento en Etiopía.
Un reciente informe del Grupo UBS señaló que los países en desarrollo "se enfrentarán a la amenaza de la Cuarta Revolución Industrial comprometiendo puestos de trabajo poco cualificados a través de la automatización extrema, pero pueden no tener la capacidad tecnológica para disfrutar de las ganancias relativas que podrían re-distribuirse a través de conectividad extrema. "Las propuestas de comercio electrónico no crean este cambio, sino que aceleraría su ritmo y haría más difícil para los gobiernos mitigar los impactos negativos. En lugar de consolidar los derechos de acceso a los mercados de las empresas transnacionales para intensificar esta perturbación, como lo harían las propuestas de comercio electrónico, los países deberían poder utilizar una serie de instrumentos políticos para promover buenos empleos, protecciones sociales y, en particular, en los países en desarrollo, la transformación de sus economías.
4. Las propuestas de comercio electrónico exacerbarían la desigualdad entre los países. En el África subsahariana, el 62,5 por ciento de la población carece de acceso a la electricidad; El 87% carece de acceso a Internet; Y la mayoría no tienen entrega postal a su domicilio. Los países pobres han puesto de manifiesto que sus preocupaciones incluyen un mayor acceso a la energía, Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para cerrar la brecha digital; mayor infraestructura para la logística, incluyendo transporte y sistemas postales; marcos jurídicos y reglamentarios; acceso a la financiación; y la creación de capacidades en tecnologías para ayudarles a prepararse para beneficiarse del comercio electrónico.
Pero estas cuestiones generalmente no se reflejan en las propuestas de los países desarrollados, presentadas por las grandes empresas transnacionales de comercio electrónico. Por su parte, las propuestas de los países en desarrollo a menudo dan lugar a promesas no vinculantes de ayuda futura que rara vez se presta [4]. El hecho de que China sea un importante actor de comercio electrónico, a través de AliBaba, no hace mucho para mitigar las desigualdades estructurales que estarían arraigadas entre países desarrollados y en desarrollo. Las propuestas de comercio electrónico extenderían un amplio proteccionismo que favorecería a las empresas con sede en los países desarrollados, en forma de patentes y derechos de autor de tecnologías y contenidos, lo que aumentaría los ingresos transferidos del Sur global a las empresas del Norte global.
5. Las propuestas de comercio electrónico en la OMC podrían hacernos menos seguros. La propuesta de la UE sobre el comercio electrónico en la OMC incluye una prohibición del acceso a los códigos fuente de todos los miembros de la OMC, o su divulgación obligatoria. Los gobiernos, incluidos los Estados Unidos, suelen requerir que se publique o divulgue el código fuente para que se pueda comprobar la vulnerabilidad a la piratería informática. Esto será cada vez más importante, ya que algunas estimaciones proyectan que 50 millones de dispositivos estarán conectados a Internet para el año 2020, incluyendo los dispositivos domésticos conectados a Internet, como refrigeradores y televisores inteligentes (que estaban entre los cientos de miles de dispositivos utilizados en hacks masivos en 2014, y de nuevo en 2016). La piratería de los dispositivos médicos, como los marcapasos, y de los sistemas electrónicos en los automóviles, podría plantear graves riesgos para la salud y la seguridad. Según el Departamento de Defensa de EE.UU., que ha preferido el software de código abierto (OSS) desde 2002:
“el código fuente disponible para el público ayuda significativamente a los defensores y no sólo a los atacantes. La revisión continua y amplia, habilitada por código fuente disponible públicamente, mejora la confiabilidad y seguridad del software a través de la identificación y eliminación de defectos que de otro modo podrían no ser reconocidos. A la inversa, cuando el código fuente está oculto al público, los atacantes pueden afectar el software de todos modos”. [5]
A medida que las casas se convierten en "casas inteligentes" y las ciudades se convierten en "ciudades inteligentes", el riesgo de que un software secreto y propietario se piratee nos pone a todos en riesgo.
6. Las propuestas de comercio electrónico promoverían una mayor desigualdad al reducir la competencia real y fomentar el comportamiento monopólico y oligopólico. "¿Es hora de romper Google?" Jonathan Taplin se preguntó recientemente en The New York Times:
“Google tiene una cuota de mercado de 88 por ciento en la publicidad de búsquedas, Facebook (y sus filiales Instagram, WhatsApp y Messenger) posee el 77 por ciento del tráfico social móvil y Amazon tiene una participación de 74 por ciento en el mercado de libros electrónicos. En términos económicos clásicos, los tres son monopolios.” [6]
El control de la información, los medios y las ventas minoristas por estas tres empresas está cosechando consecuencias no deseadas para la democracia, la innovación y el interés público. Estas ETN pueden invertir en nuevos mercados y operar con pérdidas durante años para establecer el dominio del mercado, como lo están haciendo Uber [7] y Amazon [8] en la India y muchos de los cientos de mercados en los que operan.
La nueva elección del presidente Trump para el zar antitrust, Makan Delrahim, es extremadamente débil en la regulación antimonopolio. Sin una fuerte legislación anticompetitiva, las empresas se están consolidando aún más a través de las adquisiciones: "Google compra AdMob y DoubleClick, Facebook compra Instagram y WhatsApp, compra de Amazon, por nombrar sólo unos pocos, Audible, Twitch, Zappos y Alexa".
Además, si un país está preocupado por el comportamiento anticompetitivo, sus tribunales a menudo requerirán que se divulgue el código fuente. Pero no hay excepción en la propuesta de comercio electrónico de la UE para los casos en que los tribunales exijan que se revele el código fuente. Las propuestas también exigen que los actores dominantes puedan ampliar su capacidad de influir en la regulación de sus operaciones bajo el disfraz de "transparencia para las partes interesadas".
¿Cómo pueden las PYMES aspirar a establecerse en un campo en el que los gobiernos están restringidos para imponer comportamientos anticompetitivos y atrincherados los jugadores se permiten hacer las reglas?
7. Las propuestas de comercio electrónico amenazan el futuro de los países al exigir la transferencia gratuita de su recurso natural más preciado: los datos. El activo más valioso de Uber no son automóviles o conductores, sino sus datos sobre cómo la gente se mueve. Una vez que una empresa domina un campo y es capaz de procesar datos en bruto en inteligencia artificial, puede mantener su dominio a la exclusión de los competidores, como The Economist argumentó en un artículo reciente, "El recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino datos. Los servicios "gratuitos", como Google o Amazon, pueden acceder a más datos de los que podemos imaginar y transformarlos en inteligencia que puede venderse o alquilarse a otras empresas para obtener más ganancias.
Sin embargo, casi todas las propuestas de comercio electrónico incluyen un mandato para promover las transferencias transfronterizas de datos, a las que astutamente se refieren como "libre flujo de datos ", al prohibir las restricciones a la localización de datos (como los usos militares de Estados Unidos, que insiste en que sus datos se mantengan en servidores estadounidenses) y otras reglas.
¿Por qué deberían los países en desarrollo regalar este valioso recurso de forma gratuita? Una estrategia de industrialización digital incluiría la creación de centros de datos nacionales o regionales, como los países de China a Suecia han creado, y que luego pueden convertirse en centros importantes para el salto de las industrias de software, las industrias de juegos de azar, las industrias relacionadas con Internet y otras industrias basadas en datos.
Como Parminder Jeet Singh ha argumentado: “Siguiendo las tendencias actuales, el nivel de dependencia estructural de los países en desarrollo en el contexto de la sociedad digital va a ser va a poner más en evidencia que nunca. El fenómeno también se ha denominado colonización digital. Los flujos globales y el comercio de estos recursos vitales deben ser en condiciones equitativas, garantizando beneficios económicos nacionales, así como protecciones sociales y culturales. Mientras tanto, debemos dejar claro que no estamos abogando por una tecnología digital de desglobalización. Lo que se busca es simplemente un lugar justo para los países en desarrollo y para el interés público, en el emergente orden digital mundial” [10].
8. Las propuestas de comercio electrónico son una amenaza para nuestra privacidad personal y protección de datos. No sólo los países en desarrollo deben preocuparse por los flujos de datos transfronterizos, también conocido como "libre flujo de información". Hemos presenciado una explosión de demandas por parte de los consumidores al descubrir que sus datos procedentes del uso de productos o servicios sexuales fue vendido a otras compañías, usualmente sin el conocimiento o consentimiento del consumidor. Eso significa que los datos personales fueron robados y / o abusados. Tal vez estos "flujos de datos" deberían ser renombrados "tráfico de información robada".
Como se mencionó anteriormente, la UE tiene normas normativas sobre privacidad y protección de datos que fueron debatidas democráticamente y aprobadas con entusiasmo por los votantes. Muchas compañías estadounidenses no cumplen con estas normas y no se les permite transferir datos a los Estados Unidos. Un estudio de 2017, realizado por el Centro de Innovación en Gobernanza Internacional e Ipsos, mostró que los consumidores son reacios a realizar compras en línea porque no confían en los gobiernos (65 por ciento); empresas (74 por ciento); o que sus datos estarán a salvo de los ciberdelincuentes (82 por ciento). [11]
El año pasado, los grupos europeos enviaron una carta, al igual que la sociedad civil internacional [12], instando al Parlamento Europeo a defender la protección de los consumidores y la privacidad de los datos en el TiSA, pero estas mismas disposiciones se están introduciendo en la OMC.
9. Las propuestas de comercio electrónico fomentarían la evasión fiscal y la pérdida de los ingresos públicos necesarios, dando lugar a una mayor monopolización a expensas del interés público en todos los países, pero especialmente en los países en desarrollo.
A medida que las empresas adquieran "derechos" a través de las reglas de comercio electrónico propuestas para mover con más facilidad mano de obra, insumos, capital y datos a través de las fronteras, podrían incrementar sus prácticas de precios de transferencia y localizar operaciones en países con la menor supervisión reguladora e impuestos más bajos, exacerbando la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos que Global Financial Integrity recientemente identificó como la causa de haber drenado US $ 620-970 millones de dólares del mundo en desarrollo en 2014, principalmente a través del fraude comercial.
Estas pérdidas de ingresos privan a los gobiernos de los países en desarrollo, particularmente en África, de la capacidad de realizar las inversiones nacionales necesarias para proporcionar atención sanitaria, educación, infraestructura y el desarrollo futuro de sus economías. Si una empresa no está obligada a tener una presencia local, ¿cómo se pueden gravar los beneficios corporativos adecuadamente? Al mismo tiempo, se están realizando esfuerzos para extender la moratoria existente en la OMC sobre los aranceles a las transacciones de comercio electrónico.
Eliminar la obligación de los aranceles sobre el comercio transfronterizo pone en desventaja a las tiendas de ladrillo y mortero en comparación con el comercio electrónico y, en términos económicos, es un subsidio público para los negocios en línea, sin ningún beneficio social aparente. Pero dado que los países en desarrollo dependen mucho más de los aranceles como fuente de ingresos fiscales (para pagar la educación, la salud y la infraestructura) que los países desarrollados (que cuentan con sistemas más avanzados de ingresos, ventas e impuestos a las empresas) , La eliminación de los aranceles del comercio electrónico de forma permanente no sólo perjudicaría en gran medida a las tiendas de ladrillo y mortero, sino que perjudicaría gravemente la capacidad de los países en desarrollo de satisfacer las necesidades de inversión pública.
10. Las propuestas de comercio electrónico podrían aumentar las posibilidades de una crisis financiera mundial. Permitir el comercio transfronterizo irrestricto de datos financieros – y transacciones financieras – podría traer grandes consecuencias imprevistas. A pesar de los estragos causados por la crisis financiera mundial, el sector de los servicios financieros continúa exigiendo acceso irrestricto a los mercados para productos innovadores (evadir la reglamentación) y flujos financieros sin restricciones.
En el TPP, el Tesoro de Estados Unidos dijo que el derecho a tener datos fuera de la costa no debería incluir datos financieros, debido a las lecciones aprendidas en la crisis financiera mundial, pero Wall Street logró un cabildeo para incluir estos datos en el TiSA y presumiblemente en la OMC.
Las normas vigentes de la OMC ya obligan a los países a permitir pagos y transferencias sin restricciones para servicios que los países han acordado, sujetos a las disciplinas de la OMC. Sin embargo, los países tienen interés en garantizar una supervisión reglamentaria adecuada de este sector, incluso en lo que respecta al comercio digital transfronterizo. Los gobiernos suelen exigir que los datos financieros sensibles se mantengan en tierra para garantizar que se adopten medidas adecuadas de privacidad y ciberseguridad, de modo que los datos estén sujetos a una supervisión reglamentaria nacional adecuada y estén disponibles para los reguladores financieros en caso de emergencia.
Por ejemplo, Sudáfrica requiere que los datos financieros se almacenen en el país para que los reguladores puedan revisar los activos relacionados con la quiebra, ya que las prácticas fraudulentas y depredadoras son abundantes en el sector financiero. Si no se requiere que los proveedores de servicios financieros que tengan una presencia local, una administración local o un almacenamiento local de datos, ¿cómo pueden ser responsabilizados cuando hay un comportamiento criminal o una crisis financiera?
A medida que la economía global se vuelve cada vez más "servicificada" y el comercio digital transfronterizo aumenta, el poder de los proveedores de servicios financieros como Visa y PayPal crecerá, ya que estos actúan como clearinghouses para transacciones internacionales que evitan la soberanía financiera de los bancos centrales. Las propuestas de comercio electrónico perjudicarían el desarrollo reduciendo el espacio político, limitando la capacidad de los países en desarrollo de participar en la industrialización digital limitando las estrategias de uso común para impulsar el crecimiento y el empleo.
Los grupos de presión corporativos han expresado claramente que desean prohibir los requisitos de localización, como los que requieren una presencia local en el país para realizar transacciones comerciales; la contratación de trabajadores locales; el uso de servidores locales e instalaciones informáticas en las que han invertido; o el uso de contenidos o insumos locales.
Pero los países en desarrollo utilizan estos requisitos para garantizar que las ETN que operen en sus economías le ayude a iniciar las industrias nacientes y avanzar en la escala de desarrollo. La propuesta de la UE también incluye la apertura de la contratación pública, un tema excluido explícitamente de la actual ronda de la OMC. La apertura de las compras públicas (como la promoción de la privatización mediante asociaciones público-privadas o PPP) pondría a las PYME que suelen ser favorecidas en tales contratos en una grave desventaja frente a las ETN extranjeras (que usualmente disfrutan de ventajas de escala).
11. Las disposiciones propuestas sobre comercio electrónico también limitan el espacio político al exigir a los países, incluidos los Países Menos Adelantados (PMA), que adopten nuevos compromisos más allá de los que actualmente se requieren en el marco de la OMC. Actualmente, los PMA no están obligados a asumir compromisos sobre el Acuerdo sobre las Medidas de Inversión Relacionadas con el Comercio (TRIMS) en la OMC ni sobre el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Las propuestas para prohibir la divulgación de los códigos fuente se consideran "TRIMS-plus" porque prohíben efectivamente los requisitos de transferencia de tecnología (en que el código fuente es una tecnología) que los miembros de la OMC pueden permitir actualmente con arreglo a las normas TRIMS.
Se consideran "TRIPS-plus" porque requieren una mayor protección de la propiedad intelectual que en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Normalmente, cuando un gobierno extiende las protecciones de patentes, el titular de la patente está obligado a revelar la invención, incluyendo cualquier código fuente, como una contrapartida para la intervención del gobierno para proteger su invención.
Por último, muchas de las nuevas propuestas excluirían a los países en desarrollo de la integración regional, que se considera ampliamente esencial para su desarrollo, como se prevé, por ejemplo, en la Agenda 2063.12 de la Unión Africana.
12. Tal vez lo más flagrante, las propuestas de comercio electrónico requerirían que los servicios futuros no estén sujetos a ninguna normativa más allá de la de los servicios no digitalizados de hoy. En el marco de los debates de la "Reglamentación nacional" del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), los bienes se consideran cada vez más como servicios. Los productos están incorporados con software que los transforma de, por ejemplo, zapatos en "servicios de fitness", o de automóviles a "servicios de transporte".
Las propuestas en las negociaciones de la Reglamentación Nacional incluyen una presunción de "neutralidad tecnológica" – en la que los servicios deben ser operados de acuerdo con reglas y cronogramas de compromisos que los países acordaron antes de que se inventara la nueva tecnología. La intención es comprometerse con el futuro, incluso si la tecnología no estuviera disponible cuando el país asumiera esos compromisos. Sin embargo, muchos gobiernos del sur global han dejado claro que no aceptan esta presunción.
Las implicaciones potenciales de las tecnologías que aún no existen pueden no tener sentido para una persona promedio, pero tiene mucho sentido para las corporaciones que sólo favorecen las regulaciones que prohíben otras regulaciones. Estas corporaciones están haciendo un esfuerzo coordinado para asegurar que esto sea la principal entrega en la XI Conferencia Ministerial de la OMC que se celebrará del 11 al 14 de diciembre de 2017 en Buenos Aires.
Los sindicatos, los activistas de los derechos digitales y de la privacidad, los defensores del desarrollo y los grupos de interés público tienen la oportunidad de expresar sus preocupaciones a sus respectivos gobiernos para llamar la atención sobre esta amenaza inminente. Incluso para los grupos con diferencias de opinión sobre los impactos potenciales, es claro que un debate amplio y abierto debería transcurrir antes de que los países adopten reglas, cuyas implicaciones están lejos de ser ciertas.
Mientras que los defensores del comercio electrónico sostienen que cualquier discusión en la OMC tendrá un desarrollo en su corazón y que los países en desarrollo deben estar "a la mesa" cuando se desarrollen las normas, los expertos de la OMC advirtieron que las ETN y los gobiernos de los países ricos actúan en su propio interés, y están fijando su agenda en esos los términos.
El cierre de la brecha digital requiere estrategias inteligentes que serían limitadas por las propuestas de comercio electrónico. [14] Las transformaciones positivas que la era digital ofrece para aumentar la prosperidad, el empleo, la innovación y la conectividad están amenazadas por los esfuerzos monopolísticos y antidemocráticos.
Las corporaciones más poderosas que quieren reescribir las reglas de la futura economía global a su favor. Para lograr un futuro en un mundo digitalizado que cree prosperidad compartida y trabajo decente para todos, debemos asegurarnos de que las reglas estén escritas por y para todos, y no por y para sólo unos cuantos.
(*) Deborah James es Directora de Programas Internacionales en el Centro para la Investigación Económica y de Políticas (www.cepr.net) y coordina la red global de Nuestro Mundo No Está A la Venta (OWINFS). Ella agradece a la Profesora Jane Kelsey de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda; Abhijit Das, del Centro de Estudios del Tercer Mundo, India; Christina Colclough, de UNI Global Union; Parminder Jeet Singh de IT for Change, India; Burcu Kilic de Public Citizen, Estados Unidos; Y Sanya Reid Smith de la Red del Tercer Mundo, Ginebra por sus ideas.
[1] For the sake of simplicity, provisions repeated in many proposals are referred to here without identifying the multiple country sponsors of each provision or proposal. It should be noted that several developing economies have joined the papers of developed countries, e.g., the EU, but without any development provisions appearing to have been incorporated into those proposals.
[2] World Bank. 2016. “World Development Report 2016: Digital Dividends.” Washington, DC.
[3] Third World Network. 2016. “Africa Group’s Deadly Blow to E-com Thematic or Negotiating Issues Talks.” SUNS 8337. http://www.twn.my/title2/wto.info/2016/ti161021.htm
[4] A proposal by the Friends of E-Commerce for Development will likely meet this fate while legitimizing negotiations in the WTO. See http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1477 and http://www.twn.my/title2/wto.info/2017/ti170501.htm.
[5] Chief Information Officer, US Department of Defense. DoD Open Source Software (OSS) FAQ. http://dodcio.defense.gov/Open-Source-Software-FAQ/.
[6] Taplin, Jonathan. 2017. “Is It Time to Break Up Google?” The New York Times. https://www.nytimes.com/2017/04/22/opinion/sunday/is-it-time-to-break-up-google.html?_r=0
[7] Manjoo, Farhad. 2017. “Uber Wants to Rule the World. First It Must Conquer India.” The New York Times. https://www.nytimes.com/2017/04/14/technology/uber-india.html
[8] Bloomberg. 2016. “Amazon to Spend $5 Billion to Dominate India E-Commerce.”
[9] The Economist. 2017. “The World’s Most Valuable Resource Is No Longer Oil, but Data: The Data Economy Demands a New Approach to Antitrust Rules.” http://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-demands-new-approach-antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource
[10] Singh, Parminder Jeet. 2017. “Developing Countries in the Emerging Global Digital Order – A Critical Geopolitical Challenge to which the Global South Must Respond.” IT for Change. https://www.itforchange.net/Developing-Countries-in-the-Emerging-Global-Digital-Order
[11] Centre for International Governance Innovation, IPSOS, Internet Society, United Nations Conference on Trade & Development, and International Development Research Center. 2017. “2017 CIGI-Ipsos Global Survey on Internet Security and Trust.” https://www.cigionline.org/internet-survey
[12] Consumers International et al. to European Parliament trade negotiator. 2016. https://edri.org/files/TiSA/globalletter_dataprotection_privacy_20161102.pdf
[13] Spanjers, Joseph and Matthew Salomon. 2017. “Illicit Financial Flows in Developing Countries Large and Persistent.” By Global Financial Integrity. Washington, DC. http://www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-to-and-from-developing-countries-2005-2014/
[14] South Centre. 2017. “The WTO’s Discussions on Electronic Commerce: Analytical Note.” Geneva. https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/01/AN_TDP_2017_2_The-WTO%E2%80%99s-Discussions-on-Electronic-Commerce_EN-1.pdf